El legislador también cuestionó la actuación de Lazo durante los meses siguientes y sostuvo que la jerarca incurrió en “evidentes omisiones durante siete meses” al no enviar delegados técnicos a Vigo para realizar el seguimiento de la construcción de las patrulleras.

Según Abdala, posteriormente la ministra resolvió quitarle esa tarea a la Armada Nacional y encomendarla a dos técnicos de la Dirección de Marina Mercante, a quienes describió como “dos capitanes de navío que no tienen competencia ni experiencia ni preparación para eso”.

El diputado sostuvo además que la cartera no respondió determinados mensajes y que “obstruyó en algún sentido” el proceso de construcción, lo que, a su entender, demuestra una intención de generar dificultades en la ejecución del contrato.

“Sin embargo, irónicamente, siguieron pagando y depositaron 20 millones de euros en dos pagos a lo largo del año 2025”, agregó.

Para Abdala, ese conjunto de actuaciones configura una situación de “abuso de poder” y podría derivar en responsabilidad penal para Lazo por tratarse de decisiones adoptadas dentro de las competencias del Ministerio de Defensa.

La denuncia incluye además a dos personas que, según la oposición, realizaron durante los primeros meses de 2025 distintas actuaciones dentro de la cartera sin tener todavía un vínculo formal con el ministerio.

Abdala sostuvo que estos funcionarios participaron de “gestiones, indagaciones y pesquisas”, citaron a almirantes, mantuvieron reuniones con Cardama y con el comandante en jefe del Ejército. Además, accedieron a información confidencial y elaboraron informes que posteriormente fueron utilizados en investigaciones administrativas.

“Eso en nuestro juicio también puede significar la configuración del delito de usurpación de funciones”, afirmó.

Desde el Frente Amplio, el senador Eduardo Brenta cuestionó la presentación y sostuvo que hubiera esperado que las fuerzas políticas se colocaran “detrás de la defensa de los intereses del país y no detrás de la defensa de los intereses de las empresas privadas”.

Brenta dijo que el astillero Cardama “notoriamente estafó al Estado uruguayo” y señaló que la existencia de garantías falsas fue reconocida incluso por integrantes de la propia coalición durante el trabajo de la comisión investigadora.

“Lamentamos que este posicionamiento sea contra el Estado uruguayo y no en su defensa”, expresó.

El senador oficialista rechazó además que las personas señaladas por la oposición hayan actuado de forma irregular y aseguró que realizaron las consultas correspondientes porque habían sido designadas por el Ministerio de Defensa y sus pases en comisión se encontraban en proceso.

A su entender, la denuncia constituye “una actuación para desviar la atención” del problema central, que identificó con la necesidad de que Uruguay cuente con patrulleras oceánicas y con la contratación de una empresa que, según afirmó, “no estaba capacitada” para construirlas.

“Cada vez se agregan más elementos que demuestran que estamos frente a un fraude contra el Estado uruguayo”, subrayó.

Consultado sobre si el hecho de que los pases en comisión estuvieran en trámite descartaba una eventual responsabilidad penal, Brenta respondió: “Totalmente”.

Además, el legislador también sostuvo que las actuaciones realizadas permitieron esclarecer determinados hechos y avanzar posteriormente de manera formal en el ámbito de la comisión investigadora.

“La ministra ha sido bastante contundente y clara en este sentido. Acá el centro de la cuestión es que el Estado uruguayo fue estafado y hay que defender a Uruguay”, concluyó.

Finalmente, consultado por el futuro de las patrulleras oceánicas, Brenta señaló que las gestiones continúan y, aunque dijo desconocer los detalles de las negociaciones, aseguró que Uruguay terminará este período de gobierno con patrulleras oceánicas.