Adeoms se declaró en alerta por la presunta privatización de la recolección de residuos en Salto y reclamó garantías para sesenta trabajadores municipales.
La tensión entre el movimiento sindical y las administraciones departamentales volvió a escalar en el litoral del país. El sindicato de los municipales de Salto, Adeoms, se declaró en estado de alerta tras denunciar que la Intendencia departamental transita un camino orientado a la privatización del servicio de recolección de residuos y la gestión vinculada al vertedero local. En una conferencia de prensa, el dirigente gremial Adrián Curbelo expuso la postura institucional de los trabajadores y exigió al gobierno departamental una instancia formal de diálogo, además de información técnica detallada sobre los costos que implicaría tercerizar una tarea esencial para la ciudad.
El gremio reconoció abiertamente que el sector atraviesa dificultades operativas notorias, pero retrucó que la solución no pasa por entregar el servicio a manos privadas, sino por inyectar inversión pública genuina en maquinaria, camiones y equipamiento vial. Según la perspectiva sindical, el sistema de recolección ha funcionado históricamente bajo la órbita municipal y sus carencias actuales responden exclusivamente a la falta de recursos asignados. En esa línea, Curbelo sostuvo que con una renovación adecuada de la flota y un refuerzo presupuestal, el costo operativo sería sustancialmente menor que el pago a una empresa tercerizada, estimando que con aproximadamente siete camiones recolectores en funcionamiento la ciudad cubriría de forma óptima las necesidades derivadas de su crecimiento demográfico.
